Los noventa llegaron con novedades: en la Argentina estalló la inseguridad. Un cuarto de siglo después se ha profundizado. Frente al flagelo, los ciudadanos reaccionaron (y reaccionan) con rejas, alarmas, gas pimienta y armas.
Quienes elijan la última opción (también por lo extrema) deberán tener en cuenta no pocos aspectos legales. En principio, considerar que una cosa es tener un arma legalmente y otra contar con un permiso de portación. Si llegan a matar, la interpretación judicial puede absolverlos o condenarlos; los patrocinantes de las víctimas alegarán a favor de homicidio doloso o exceso de legítima defensa entre otras argucias.
Hay, además, otros aspectos. No se trata solo de tener un arma; llegado el momento, ¿se estará preparado técnica y mentalmente para disparar? Llegado el caso extremo ¿se podrá vivir con eso?
Un ejemplo de las consecuencias es el emblemático caso del Ingeniero Santos. En el año 1990, el hombre (de 42 años de edad) estaba en una zapatería con su mujer; escuchó la alarma de su Cupé Fuego y vio cómo escapaban dos jóvenes con su pasacasette.
Durante veinte cuadras los persiguió auto a auto y, cuando los alcanzó, los mató a balazos.
Cinco años después, Santos eludió la cárcel porque fue condenado a tres años de prisión en suspenso.
Pero, ya en los dos mil, perdió un departamento y debió pagar cerca de cien mil pesos (hace doce años) para responder a las demandas civiles de los familiares de las víctimas. Económicamente, quedó arruinado.
Hace poco, en el microcentro porteño, El abogado Silvio Martinero, mató de un disparo a un inocente cuando disparaba contra “motochorros” que le habían robado una mochila con dinero.
Todo hace presumir que por el episodio (digno del Far West) no le irá para nada bien.
Tal vez, a algunos no les sea difícil jalar el gatillo. Lo difícil viene después.
Por Roberto Armando Bravo.
