En 1884 (cuando la presidencia de Julio Argentino Roca) se sancionó la Ley de Educación Común, Gratuita y Obligatoria.
El enunciado da cuenta de algo que no habría alcanzado mayor importancia que la implícita. Nada más alejado de la realidad. El proyecto, que se había comenzado a elaborar tres años antes, desencadenó uno de los debates más intensos de nuestra historia. El tema central de la discusión fue la religión en la escuela y dividió a la llamada Generación del Ochenta. Tuvo adeptos (con Domingo Faustino Sarmiento a la cabeza) y detractores con la Iglesia Católica al frente. Finalmente, la ley aprobada no hizo mención al carácter laico de la educación pero la instrucción religiosa quedó en calidad de optativa, con autorización de los padres, y dictada fuera del horario escolar.
Asimismo, estableció que la formación de maestros, el financiamiento de las escuelas públicas y el control de la educación -privada o pública- quedaran en manos del Estado. No obstante, la sociedad tenía a través de los llamados distritos escolares en los que participaban padres de familia (elegidos por el Consejo Nacional de Educación), la facultad de inspeccionar la calidad, higiene y cumplimiento de las leyes en las escuelas.
A los pocos años de implementado el nuevo sistema, poco más de la mitad de los argentinos habían dejado de ser analfabetos; nuestra nación se ubicó al frente en cuanto a la calidad educativa en Latinoamérica. Un orgullo.
Aunque por otros motivos, la educación también demanda en estos tiempos y el desafío es la instrumentación de políticas satisfactorias.
Por Roberto Armando Bravo.
