ONG defensoras de los derechos de los consumidores de la provincia de Mendoza siguen atentamente la aplicación de nuevos valores en los cuadros tarifarios del servicio de gas. Ellas se quejan, argumentando que el ente de control «juega a favor de las compañías».
Es que el Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) avaló las presentaciones para que la justicia federal de Mendoza y San Rafael autorice aumentos a las distribuidoras. En ese contexto se dio la modificación de la cautelar que oportunamente dictara el magistrado federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, que -por otra decisión posterior- autorizó “una leve suba” únicamente para el concepto «transporte y distribución».
Para una solución de fondo y duradera, el gobierno mendocino debió haber pedido al nacional, como lo hizo La Pampa, la inclusión de la provincia entre las que tienen tarifas diferenciadas como las Patagónicas. La amplitud térmica es similar. Una solución política hubiera impedido la judicialización que se sabe cuándo empieza pero no cuándo ni cómo termina.
Por Roberto Armando Bravo.
