En la década anterior, a policías y jueces extrañaba encontrar en allanamientos un ejemplar del Código Penal.
Rápidamente cayeron en la cuenta que los malvivientes “estudiaban” cuáles serían las penas para determinados delitos. Sabido es que existen diferencias entre robo y hurto, que no es lo mismo tener antecedentes que estar “limpio”, que fraccionar droga y consumirla son dos cosas distintas, etc.
Parece que, con el correr de los años, los potenciales especialistas en derecho encontraron un modo más simple: directamente no involucrarse. Entonces, al diablo con el Código y a las calles con los menores que son inimputables.
Del primer lustro de esta década asombran las cifras de delitos (a propiedad y personas) ocasionados por menores.
Los investigadores y magistrados saben que, detrás de los niños delincuentes, siempre hay al menos un mayor.
Está siempre latente la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad, pero no hay cárceles apropiadas para una reeducación y construirlas demanda tiempo.
Por lo pronto, la inteligencia policial deberá trabajar, fundamentalmente, para adelantarse a la logística delictiva.
Por Roberto Armando Bravo.
