Desde hace ocho años que, en el ámbito mendocino, se habla de la Ley 7.722. La llamada Ley Antiminera rige desde 2007 y prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico en la minería metalífera y establece que la declaración de impacto ambiental de cada proceso extractivo debe ser ratificada por ley de la Legislatura.
Desde que fue sancionada se presentaron una docena de planteos de inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia desestimó al declarar la constitucionalidad de la ley (el máximo tribunal de justicia provincial ya había rechazado la realización de una audiencia pública).
La clave de la discusión es el agua, no solo para preservar su calidad; también por el volumen. Es que la actividad minera requiere de mucha cantidad y, más allá de la crisis hídrica, hay que reservarla para nuestra actividad económica de base: la agricultura. Esta es la razón de más peso y la gente merece que se lo digan sin eufemismos.
Sería aconsejable, entonces, dejar de lado la dicotomía de contaminante o no contaminante; si contamina, enferma y, por ende, debe prohibirse sin más ni más.
Que se transparente el mensaje; que sea cristalino como nuestro vital elemento.
¿Y con los pasivos qué hacemos? La ley no dice nada al respecto.
Por Roberto Armando Bravo.
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