Oportunamente, nuestro país ratificó dos tratados que tienen por objeto combatir la corrupción: la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Ninguna ha obtenido jerarquía constitucional. Se impone que ambas -o al menos una de ellas- alcancen dicho estatus normativo.
El órgano que supervisa la efectiva aplicación de la Convención Interamericana (en el Informe Final 2013 relativo a la República Argentina) recomendó, en base a las estadísticas desproporcionadas entre condenas efectivas e impunidad penal generada por la prescripción de delitos de corrupción, que el Estado argentino debía “efectuar un análisis de los artículos del Código Penal que se refieren a la prescripción, a los fines de introducir las adecuaciones pertinentes para evitar su frecuente aplicación como causa de extinción de la acción penal en casos de corrupción”.
El diagnóstico fue claro y contundente. A casi tres años de expresado, es menester que surjan nuestras respuestas.
Hay una muy clara política argentina de apertura al mundo para que lleguen los tan necesarios capitales. En un contexto de reglas grises que perduran, será difícil que lo hagan.
Por Roberto Armando Bravo.
