Los últimos años institucionalizaron una excusa: «Entran por una puerta y salen por otra» se aseguró hasta el cansancio al referirse a delincuentes que no bien apresados, eran liberados. A la policía le sirvió como argumento ¿Para qué atraparlos? se preguntaban para luego asegurar «Los jueces los dejan inmediatamente en libertad».
A su vez, los magistrados -aunque en voz baja- también expresaron sus quejas: «No contamos con las herramientas legales que respalden un criterio más estricto». Tampoco estuvo ausente otra reflexión: «Si decidimos un encarcelamiento, no hay lugar en las penitenciarías».
En ese escenario también jugó su rol la ideología política de la administración anterior que instaló la idea de que la sujeción a las leyes era lo mismo que la represión de los genocidas entre 1976 y 1983 sustentada en la falsa dicotomía de jueces Garantistas o Duros.
Oportunamente, a instancias del Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, la legislatura aprobó dos leyes cruciales: la que cambia el régimen de prisión preventiva (para evitar la puerta giratoria) y la de acumulación de causas judiciales que faculta a los jueces a evaluar no solo el delito denunciado en su jurisdicción, sino todas las causas por las que se imputa al acusado.
La aplicación de las nuevas normas acrecentará la cantidad de presos por lo que obliga a apurar los tiempos de ampliación y construcción de cárceles. Juega a favor del gobierno la emergencia en seguridad ya aprobada.
Lo importante es que se advierten acciones concretas para atenuar los efectos de un flagelo de muy difícil erradicación.
Por Roberto Armando Bravo.
