Hacia ese objetivo marchan la mayoría de las naciones del mundo. En igual sentido van la Argentina y Mendoza en particular.
Un cálculo como el que hacen las empresas (costo-beneficio) indicará, sin lugar a dudas, que acortar los tiempo de los procesos judiciales redunda en ahorro de dinero. Tiene peso. También lo tiene en el estricto sentido de la justicia: se reducen, a la mínima expresión, los casos de inocentes tras las rejas. Para que esto sea posible, el fiscal deberá llevar al sospechoso inmediatamente ante el juez. Si el acusado admite la responsabilidad, condena y a otra cosa (mejor dicho, otro caso). Si no es así, y se han juntado las pruebas suficientes, juicio en no más de dos meses.
El nuevo escenario plantea interrogantes. La realidad actual refleja lapsos mucho más largos.
Pero es posible. Hay un ejemplo cercano: el de la provincia de Neuquén. Y otro, a no mayor distancia, que es internacional: el de la República de Chile. En ambos, ya aceitados los mecanismos, hay un funcionamiento absolutamente satisfactorio.
Los cambios tienen visos de concreción, toda vez que son motorizados por la voluntad política del Poder Ejecutivo y el propósito innovador de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia provincial.
Se estima que, en un año, se puede comenzar una etapa de ensayo en algunas jurisdicciones para que, en tres, el nuevo sistema funcione a pleno.
Si los vaticinios se cumplen, se habrá dado un paso gigantesco en materia de justicia.
Por Roberto Armando Bravo.
