En nuestro país hay muchas formas de burlar la ley: “hecha la ley, hecha la trampa” asegura el refrán.
Algo similar ocurre con las sentencias judiciales.
Antes de que lleguen, tras un accidente de tránsito -por ejemplo- los damnificados deben esperar unos siete u ocho años para que salga el fallo. Ese es, más o menos, el tiempo que se toman los magistrados de veinte años a esta parte; no es cosa nueva. Llama la atención semejante tiempo para resolver casos para los que el sentido común tiene una decisión casi instantánea.
Por ejemplo (un caso real con trámite en la segunda circunscripción) un auto es embestido por una camioneta por detrás. La ley de tránsito es muy clara respecto del que choca en esa circunstancia. Por si faltara algo, quien colisionó no solo no tenía carné; nunca lo obtuvo.
Como no podía ser de otro modo, aunque con la demora apuntada, la sentencia fue acorde a la norma legal.
Pero a la hora del resarcimiento económico por los destrozos provocados, el culpable (propietario de un comercio de envergadura en superficie y contenido) no tenía nada a nombre suyo. En esto nada tiene que ver la justicia: no hay leyes que condenen la desvergüenza.
Por Roberto Armando Bravo.
